
Socialistas y nacionalistas acaban de pactar (en secreto, sin que se sepa por qué y con esa actitud vergonzosa que los mortales adoptan cuando se saben culpables de actos impuros) el desbloqueo de la reforma de la ley que regula la radio y la televisión pública de Galicia. Al menos eso dicen sus dirigentes, porque está por ver su voluntad real de pasar de las palabras a los hechos. Lo han hecho, eso sí, anunciando la creación de una comisión de expertos (un amigo mío se echa a temblar cada vez que escucha a un político recurrir a un experto) que no hace sino aumentar las dudas acerca de la verdadera intención de la Xunta. Estas son mis razones para no creer en la sincera voluntad de cambio de nuestro Gobierno.
1) Tres años perdidos. Durante 36 meses, PSdeG y BNG se han limitado a demorar la solución del problema y a gestionar, en su propio beneficio, el modelo del PP. Habrá quien diga que los nacionalistas sí han querido cambiar las cosas, pero no es creíble: sus quejas tienen que ver con el hecho de ser parte perjudicada en el vergonzante reparto que ambas fuerzas políticas hicieron del botín audiovisual. Cuando comenzó todo se repartieron los puestos: las dirección general, la jefatura de informativos de TVG y la dirección de la radio, para el PSOE; la dirección de TVG y la jefatura de informativos de la radio, para el BNG. Hoy es fácil para cualquiera advertirlo en las noticias.
2) Nada que inventar. La excusa de que hay que pensar bien los cambios ofende a la inteligencia. Hace muchos años que se sabe cómo solucionar el problema. Es más, lo saben hasta los dirigentes de PSdeG y BNG. Podemos perder el tiempo debatiendo hasta la extenuación si los políticos deben pesar un 49% o un 0% a la hora de decidir lo que la radio y la televisión pública deben o no deben emitir (especialmente en los informativos), pero de lo que no hay duda es de que no debemos permitirles conservar el control. Si lo hacemos, como ellos quieren, sólo estaremos dándoles la razón, admitiendo que la información debe someterse al poder. No pareced un buen mensaje para la salud del sistema democrático.
3) Lo que los políticos entienden por expertos. Los políticos entienden por expertos, por regla general, personas que pueden dirigir e una u otra dirección. El que no lo crea que eche un vistazo a la composición del actual consejo de administración de CRTVG en el que, según la ley, sólo deberían sentarse personas de reconocido prestigio (reto a cualquier a citar uno solo que cumpla esta condición).
4) La exclusión de los periodistas. A riesgo de equivocarme, me atrevo a adelantar que el comité de expertos no incluirá a los periodistas y, específicamente, a su única expresión legal, el Colexio de Xornalistas de Galicia. No sólo por su independencia, que la tiene, sino porque es sin duda la institución que más tiempo y energía ha dedicado a promover la reforma de los medios de comunicación públicos.
¿Todo para qué? Para que el trámite de la ley decaiga con la convocatoria de las elecciones, Y vuelta a empezar...
16/5/08
¿Expertos?
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16/4/08
Mi fe se ha quebrado

Durante años he mantenido y defendido la necesidad social de los medios de comunicación de titularidad pública. Lo he hecho porque creo que tienen un papel que cumplir, especialmente en el marco de un sistema audiovisual muy diversificado en el que las reglas de la competencia dejan muy escaso margen a los contenidos de calidad más allá del entretenimiento y las producciones de ficción. Tanto lo he creído que, siempre que se ha planteado la cuestión, he apostado por la (impopular) solución de unos medios sin publicidad, libres de tener que rendir cuentas a los vaivenes de la audiencia y financiados directamente a través de los presupuestos. Mi fe, sin embargo, se ha quebrado. Definitivamente.
La causa de mi descreimiento tiene mucho que ver con los partidos políticos y la experiencia del cambio de gobierno en Galicia. Los quince años de dominación del PP sobre la radio y la televisión autonómicas no enseñaron nada al PSdeG y al BNG (o quizá enseñaron demasiado). El resultado es que entre unos y otros han demostrado que no hay esperanza para unos medios sometidos a un férreo control político e ideológico. Unos medios que siguen sin entender cuál es su papel en una sociedad necesitada de contenidos audiovisuales alternativos. Unos medios que deberían tener prohibido reproducir las prácticas más perversas de sus homólogos privados.
A estas alturas, ya sólo queda el argumento de la normalización lingüística para justificar el derroche de dinero y energía que conlleva mantener en pie la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG). Pero ya ni eso se sostiene, especialmente cuando está en manos de la administración la posibilidad de condicionar al uso del gallego la concesión de canales de televisión digital terrestre.
La gota que colma el vaso, la madre de todas las transgresiones, la última burla de todo lo que debe ser y representar la responsabilidad social de los medios públicos es esa especie de remedo enxebre del tomate que presenta superpiñeiro cada tarde en TVG. Tengo amigos (buenos amigos) que trabajan en la televisión y la radio públicas, que son grandes profesionales, creen en el modelo y no se lo merecen pero, lo siento, yo he dejado de creer.
Privaticemos CRTVG. Y pongamos punto y final a tanto despropósito.
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3/3/08
Cousas que habería que cambiar

Ocórrenseme polo menos cinco cousas que habería que cambiar para que o debate entre os líderes políticos galegos que previsiblemente terá lugar na campaña das autonómicas no sexa como o das eleccións xerais que emitiu TVG a semana pasada:
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Fernando Varela
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19/2/08
Chiringuitos, mensajes y dobles raseros
Chiringuitos. En la lista del debe del actual Gobierno bipartito hay que reservar un espacio destacado a la administración paralela, tantas veces denostada por socialistas y nacionalistas cuando estaban en la oposición. En vez de dar marcha atrás y desmontar el aparato de entidades creadas por el PP con el único fin de escapar del control público, tal y como se habían comprometido a hacer antes de las elecciones, los gobernantes gallegos profundizan cada vez más en las prácticas que antes criticaban. El último ejemplo, hoy mismo en el Parlamento, con la creación de la Axencia Galega de Industrias Culturais, que la conselleira Ánxela Bugallo no ha dudado en defender apelando a las ventajas del derecho privado.
El mensaje equivocado. Pues claro que Kosovo sienta un precedente: el de un territorio que decide su futuro al margen del derecho internacional (el acta de Helsinki y las resoluciones de Naciones Unidas). El que no quiera verlo actúa siguiendo la táctica del avestruz, no el de la razón. Y si el argumento para distinguir lo ocurrido en la antigua provincia Serbia de cualquier hipótesis parecida de aplicación en España (especialmente en Euskadi) es que aquí no se ha producido un conflicto sangriento y una intervención extraordinaria por parte de la OTAN y la ONU, sólo estaremos señalando que el camino a la autodeterminación pasa por desestabilizar el statu quo. Y ese no sólo es un mensaje muy peligroso sino que además es mentira, como saben muy bien los chechenos.
Doble rasero. Y digo yo que si lo de las protestas e insultos contra María San Gil en Santiago fue a consecuencia del Gobierno de coalición PSOE-BNG, tal y como afirmó en su día El Mundo, lo de las protestas e insultos contra Rosa Díaz en Madrid debe ser culpa de Esperanza Aguirre…
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27/2/07
Todas las preguntas

La cuestión es retorcida pero bien simple. Quienes, en el pasado, se distinguieron por sus críticas al Gobierno anterior y contribuyeron activamente al cambio político en Galicia, ¿tienen derecho a cuestionar ahora la actuación de los socios del bipartito o, por el contrario, su credibilidad ha quedado cuestionada en origen y ahora lo mejor que podrían hacer es estarse calladitos? Hay partidarios de la primera opción, pero también de la segunda. Y no es una mal ejercicio detenerse un segundo a pensar sobre ello.
Viene todo esto, por supuesto, al artículo con el que Suso de Toro cuestionó este fin de semana la labor de gobierno de la Xunta bipartita. Puede argumentarse, en defensa de la tesis según la cual no tiene ahora credibilidad para criticar quien antes se distinguió como un soporte fundamental de la estrategia política de los criticados, que sus motivos no están fundados en la razón y sí en en el rencor. Se suele hacer esta afirmación de quien, supuestamente, ve defraudadas sus expectativas de beneficiarse de una situación. Si así fuera, lo honrado sería establecerlo con hechos y no con suposiciones, así que, a falta de más información, vamos a descartar esta posibilidad.
En segundo lugar, cabe proponer, a modo de explicación, que no tiene derecho a quejarse precisamente alguien que contribuyó a abrir la Caja de Pandora y, por tanto, a liberar los males sobre la faz de la tierra. Esta tesis es, sin duda, mucho más presentable que la anterior pero, sin embargo, no deja de basarse en elementos que me parecen incompatibles con la honestidad intelectual. La razón es porque parte del principio de que es imposible juzgar con criterio los hechos, establecer comparaciones morales entre las expectativas y los resultados y contribuir al debate público haciendo compatible la convicción política con el análisis. Y yo no puedo creer eso.
Más bien al contrario, me parece un síntoma de la credibilidad de quien opina ser capaz de adoptar una posición crítica especialmente acerca de aquellas materias en las cuales se había depositado confianza, en la creencia, seguramente infundada pero no por ello moralmente reprochable, de que había razones para creer en el futuro. Lo que hace a alguien merecedor de confianza es la capacidad de sostener los mismos principios en circunstancias opuestas, especialmente cuando se está expuesto al pim-pam-pum de la plaza pública. Y, como dice el dicho, "la confianza nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas la preguntas".
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Fernando Varela
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26/2/07
Agudeza mental

Exercicio de agudeza mental: En que país do mundo un alto cargo dun Goberno é quen de seguir no seu cargo despois de ter insultado e ameazado a funcionarios da súa administración e a axentes de policía que prestan servicio onde el traballa? Se saben a resposta, pode que saiban tamén decirme de que materia está feita a responsabilidade dos seus superiores, que miran para outro lado como se asunto non fora con eles.
Se non o entenden, levémolo ó terreo da política comparada. Imaxinemos ó número dous da vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega acusado de insultos e ameazas polo policías da Moncloa. Canto duraría no seu posto? Ou, o que e aínda máis revelador, canto tempo tardarían PSOE e BNG en pedir a dimisión dun secretario xeral do Gobierno de Manuel Fraga se tivera protagonizado semellante espectáculo?
Se xa teñen resposta para estas preguntas, xa saben ata onde chega o compromiso dalgúns coa tan traída e levada rexeneración democrática de Galicia.
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Fernando Varela
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